Raúl Castro Stagnaro y Gustavo Gutierrez Ticse denuncian que la nueva Ley Universitaria anula su autónomia y pone en riesgo la democracia
La Constitución parte de supuestos filosóficos que definen en ella una orientación democrática liberal. Su sujeto es el ciudadano: Individuos, cada uno con su particular proyecto de vida, en un Contrato Social con sus semejantes el cual constituye al Estado como su garante activo. Dentro de este ordenamiento político la universidad cumple un rol clave por partida doble: Desde la normalización de estos supuestos filosóficos como sentido común hasta su defensa ante cualquier actor, incluso estatal, que amenaze el ordenamiento que los sostiene y convalida; son estas dos funciones las que dan razón de la necesidad de la autonomía universitaria.
En ese sentido, los autores señalan el peligro que emana de los amplios poderes que esta nueva ley otorga a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) para intervenir en la vida interna de las universidades. Más aún, siendo esta institución tan dependiente del Ministerio de Educación, podrá ser convertida fácilmente en un mecanismo de control ideológico para los gobiernos de turno vaciando así, en la práctica, la autonomía universitaria.
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